Comunicado a la Opinión Pública sobre las denuncias en contra el P. José Mario Paz, IVE.

DIÓCESIS DE SAN IGNACIO DE VELASCO 

Comunicado a la Opinión Pública sobre las denuncias en contra el P. José Mario Paz, IVE.

Ante versiones de prensa televisada sobre las denuncias en contra el P. José Mario Paz, sacerdote del Instituto Verbo Encamado, a quien una señora acusa de "violación en estado de inconsciencia" y "amenazas", y que algunos medios están reportando como si fuesen hechos comprobados, me encuentro obligado a comunicar lo siguiente: 

Con excepción de esta acusación, el P. José Mario Paz goza de buena fama en la atención pastoral de las parroquias San José de Chiquitos y San Juan Bautista de Taperas desde inicios del 2017, cuando fue enviado por el mencionado Instituto.

 La parte acusadora no ha presentado evidencia alguna que avale, mucho menos, compruebe sus acusaciones, como consta en el informe del Fiscal de Distrito.

 En el programa de Bolivisión el P. Elvio Pinto acusa a mi persona de perseguirlo, maltratarlo, calumniarlo, etc., y también a Mons. Karl Stetter, obispo emérito de San Ignacio. Se queja de no recibir salario, bonos y movilidad. He visto otro vídeo de estos días en que me llama "satanás".

 Para entender esta situación es necesario conocer los antecedentes en San José de Chiquitos. 

El Hubert Fleidl, OFM, había sido suspendido del ministerio sacerdotal en el año 1998, en una acción conjunta de la Orden de los Frailes menores y la Diócesis de San Ignacio de Velasco. En el año 2000, al aliarse con él, P. El vio Pinto (diocesano) fue suspendido del ministerio sacerdotal también. A pesar de esto, con el apoyo de una parte de la población y sus autoridades, lograron permanecer y ocupar el complejo misional durante dos décadas. Para la atención pastoral legítima de la población católica, la Diócesis creó una sede pastoral paralela, y desde allí se atendió a todas las demás comunidades y capillas de la parroquia de San José, no sin muchas dificultades. 

Con el fin de acabar con la división de la comunidad católica, y sin querer juzgar entre partes, a los ocho días de ser instalado como Obispo de la Diócesis de San Ignacio (2 de febrero 2017), yo levanté las suspensiones, dando permiso al P. Hubert para residir allí como "párroco emérito", y nombrando al P. Elvio como vicario parroquial. Significa que su actividad está sujeta a la autoridad del párroco propio, en este caso a los padres Gustavo Domínguez y José Paz, ambos del Instituto Verbo Encarnado, nombrados "párrocos solidarios" de las dos parroquias de San José y Taperas. 

Desde entonces el P. Elvio anda reclamando el pago de salario por los años en que estuvo suspendido, llegando al extremo de sentar una demanda ante el Ministerio de Trabajo, demanda que está totalmente fuera de lugar, y que no prosperó, ya los sacerdotes no son "empleados" de la Diócesis. Por otro lado, su actividad ministerial durante los años de suspensión equivale a una usurpación de funciones, realidad que hizo sumamente difícil justificar el cese de la suspensión ministerial que pesaba sobre él y el P. Hubert, pues comprueba que, en vez de desaparecer las causas de la misma, fueron endurecidas. 

Al levantar la suspensión empezamos a darle una mensualidad, como hacemos con los demás sacerdotes de la Diócesis, a cambio del ingreso tradicional de los sacerdotes, las ofrendas por las intenciones de Misa, que en esta diócesis deben pasar a los ingresos parroquiales. Dado que el P. Elvio no cumple con estas y otras disposiciones, he suspendido su mensualidad. Somos la única diócesis en Bolivia que da una mensualidad a sus sacerdotes; la misma no es un "derecho", sin una forma de asegurar la "honesta sustentación" del clero diocesano frente a la precariedad de estipendios y colectas. También ayuda a evitar abusos de parte de algunos sacerdotes que son tentados a multiplicar Misas en vez de realizar su misión en comunión eclesial según las normas de la Iglesia. 

Cabe mencionar que el P. Elvio, desde que he levantado la suspensión, jamás ha asistido a las reuniones del clero donde coordinamos acciones y tomamos decisiones conjuntas, tampoco a la Misa Crismal donde renovamos nuestros compromisos sacerdotales, tampoco al Retiro Espiritual del Clero donde renovamos nuestra fidelidad al Señor, y tampoco al Curso de Formación Permanente donde nos actualizamos según las necesidades de la Iglesia hoy. Todas estas actividades son obligatorias para asegurar la buena marcha de la Iglesia y la comunión que debe existir en ella y de manera especial en el clero.

 En cuanto a movilidades, la Diócesis provee dos movilidades para la Parroquia de San José, una camioneta Hilux (modelo 2010) que suele utilizar el P. Gustavo, y un Jimny (modelo 2017), que suele utilizar el P. José para ir a Taperas y las comunidades correspondientes. Como el P. Elvio no tiene responsabilidades fuera de San José, no hace falta proveer una tercera movilidad a la parroquia. Al mismo tiempo no conviene facilitarle los medios para invadir la jurisdicción de otros párrocos, como se ha constatado, llegando a celebrar así un matrimonio nulo, que es un engaño a la pareja y una ofensa a Dios. 

  No es el obispo quien persigue y maltrata a P. El vio; más bien hemos tenido una paciencia extrema. Es el P. Elvio quien se presta a calumniar a los Obispos de la Diócesis y a los sacerdotes del Verbo Encamado, a causa de su obsesión con el dinero, y del resentimiento que tiene por los años suspendidos, en qué jamás hizo un esfuerzo para reconciliarse con su Obispo. El P. Elvio no demuestra el más mínimo grado del respeto y obediencia que prometió en su ordenación. Entonces, ¿cuánto más debemos aguantar de su soberbia, desobediencia y maquinación contra nosotros y los demás sacerdotes? 

 En la entrevista de Bolivision dicen que Mons. Carlos es ecónomo de la Diócesis. Es falso. Colabora con la administración de las estancias de ganado y el mantenimiento de las torres repetidoras de radio Betania y EWTN TV Católica. No ha ejercido papel alguno en la situación de P. José Mario Paz. Naturalmente, está a mi disposición cuando le pido consejos, tanto en cuestiones económicas como en pastorales. 

  Al conocer la denuncia contra el P. José, en plena Semana Santa del año pasado (2019), decreté su inmediata suspensión del ministerio. Después de presentarse al Fiscal, quien impuso las medidas cautelares que consistían en no acercarse a la Acusadora ni a su residencia, es decir al complejo misional, he levantado la suspensión, pero he restringido su ministerio a la comunidad de Taperas. 

 Hay fuertes motivos para considerar estas acusaciones como calumnias. 

Primero, como ya mencionamos, la parte acusadora no presenta evidencia alguna para sostenerlas. 

Segundo, la señora reside en el mismo complejo misional, situación totalmente inapropiada, siendo estos ambientes para los sacerdotes. Además, vive de los ingresos parroquiales del templo misional, y parece que ella misma los administra. Nadie rinde cuentas de la economía del complejo misional, ni tampoco de la actividad de ella. Según su carnet de identidad su ocupación es "misionera", lo que supone un nombramiento y reconocimiento de la autoridad competente, que por supuesto no tiene. 

 Además de ella, el P. Hubert y el P. Elvio, otros 4 hombres y una mujer residen en este lugar, aprovechándose de los ingresos parroquiales para su diario vivir. Si la acusadora realmente sufrió violaciones en estado de inconsciencia, como ahora alega después de haber tomado drogas para supuestamente recuperar su memoria, las personas a investigar serían las que allí residen y duerman cerca de ella. En cambio, los padres del Instituto Verbo Encamado viven en otro lugar, ya que su presencia data de la época en que los padres Hubert y Elvio estaban suspendidos del ministerio. Sin embargo, el proceso de reunificación de la parroquia supone que se trasladen a residir en la sede de la parroquia. No sorprende, pues, que se armen estas acusaciones contra el P. José como estrategia para poder permanecer viviendo en la casa parroquial y a costo de la Iglesia.

 Tercero, previamente la Acusadora, junto con las otras personas que residen en el complejo misional, y su pariente Juan de la Cruz Otalora, ( quien participa de las entrevistas televisadas) habían organizado una campaña de acusaciones falsas contra el P. Gustavo. La investigación que hicimos reveló esto, y lo denuncié públicamente en la Fiesta Patronal, 1 de mayo del 2018, sin mencionar su nombre, con la esperanza de poner fin a la persecución contra el P. Gustavo, legítimo párroco de la parroquia San José de Chiquitos. Años anteriores la Acusadora causó problemas similares en la parroquia de Pailón donde hubo sospechas de una relación íntima suya con un sacerdote allí. Todo esto consta en las investigaciones del Fiscal. 

 Finalmente, según el testimonio dado por su pariente en la entrevista de Bolivisión, ella tiene trastornos psicológicos desde el año 2008. ¿No será esto la raíz de toda esta situación? 

 Ante preocupaciones de la población de San José y a pedido de sus autoridades, se realizó un inventario del patrimonio misional a cargo de Plan Misiones, constatando la falta de varias piezas de los tallados y platería. ¿Quién debe ser investigado por esto? 

 Mínimamente, se puede decir que fue una decisión sumamente imprudente de parte del P. Hubert en su vejez, para invitarle a esa señora y a los demás a residir en el complejo misional. Cuando yo le pedí personalmente que los haga salir, me dijo: "no tengo la autoridad", por lo que pregunté: "¿con qué autoridad los habían acogido?" No respondió. 

 Habiendo la Diócesis finalmente logrado sanear los derechos propietarios del complejo misional de San José de Chiquitos, a la vez Patrimonio Cultural de Humanidad y de Bolivia, hemos solicitado a estas personas su desocupación, y ahora ante la negativa, acudimos a las instancias legales para su desalojo. Esto no es persecución, sino asumir nuestra responsabilidad por este bien de la Iglesia y del pueblo. 

  Desde que conocimos la denuncia sentada contra el P. José, se han mantenido informadas las debidas instancias de la Santa Sede. 

  En las entrevistas televisadas piden se haga justicia. Y o también pido justicia, junto con la verdad, y un poco de ética profesional en estos medios de comunicación. 

Mons. Robert Herman Flock Obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco

San Ignacio de Velasco, 20 de enero de 2020

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